El traspaso de competencias en materia de servicios sociales en Cantabria se inició con el Estatuto de Autonomía contemplado por la Constitución española y se desarrolló basándose en una serie de reales decretos promulgados a principios de los años ochenta.

Sin embargo, el establecimiento legal de un sistema regional público de servicios sociales se remonta a 1992, año en el que se aprueba la denominada Ley de Acción Social. Dicha norma define los principios inspiradores, la estructura del sistema regional de servicios sociales, su financiación y la participación y colaboración de los ciudadanos y las entidades.

El sistema público de servicios sociales cántabro se estructura en dos niveles: de atención primaria o comunitaria y los de atención especializada. Los servicios sociales comunitarios, se prestan a través de las Unidades Básicas de Acción Social (UBAS). Las UBAS, en funcionamiento desde 1986, están ubicadas en los centros municipales para atender las primeras demandas y necesidades del conjunto de los ciudadanos. Por su parte, los Servicios Sociales Específicos agrupan al conjunto de servicios que requieren atención especializada. Dichos servicios se desarrollan en distintos tipos de centros actuando en ámbitos muy diversos: familia, menores, jóvenes, mayores, minorías, etc.

Vivimos en una sociedad en permanente transformación y a los déficits ya conocidos en materia de atención a la familia, a los mayores, a las personas con discapacidad y en la lucha contra la pobreza y la exclusión, en la actualidad hay una serie de cambios sociales que están incidiendo de manera especialmente relevante sobre nuestro sistema de protección social y a los que debe darse una respuesta rápida y eficaz:

El incremento de la esperanza de vida y de las necesidades sociales de las personas mayores. Las mejoras de las condiciones de vida y los avances científicos y tecnológicos comportan que, hoy en día, haya un número creciente de personas que llegan a edades avanzadas y muy avanzadas y que al mismo tiempo lo hagan en mejores condiciones físicas, mentales y socioeconómicas. Sin embargo, de forma paralela, también crece el número de personas con dependencia así como el tiempo que permanecerán en esa situación.

Los cambios en la composición y tipología de familias junto a los avances en la incorporación de las mujeres al mundo laboral y en la igualdad de género exigen un desarrollo mayor y más flexible de los servicios de soporte.

Los nuevos flujos migratorios, fundamentalmente motivados por las enormes diferencias sociales y económicas, están conllevando el incremento de personas en situación de necesidad, al mismo tiempo que plantea nuevos retos para la integración social.

La evolución hacia la sociedad del conocimiento hace que las diferencias en el acceso y adquisición del conocimiento se traduzcan en desigualdades, fundamentalmente la distribución de la renta y en el acceso equitativo a los servicios básicos.