Los sistemas de bienestar social que hoy conocemos y disfrutamos en la Unión Europea son fruto de unas políticas comprometidas con el proyecto común de profundizar en los valores democráticos y, por tanto, extender los derechos de ciudadanía.

Con la Constitución de 1978 se abrió una nueva etapa en la sociedad española marcada por el reconocimiento de derechos y libertades; y desde entonces la sociedad española ha tenido que afrontar el reto de construir un sistema de protección social, que nos fuera aproximando a la situación de los Estados de la Unión Europea, la mayoría de los cuales iniciaron el desarrollo de las políticas sociales tras la II Guerra Mundial.

En 1978 tan sólo se situó a la educación entre los derechos fundamentales. La universalización del derecho a la salud tuvo que esperar a la aprobación de la Ley General de Sanidad el año 1.986. Y la extensión de las prestaciones económicas (pensiones no contributivas) a todos los mayores de 65 años y a los discapacitados no llegó hasta el año 1.990.

En estos momentos podemos decir que el sistema de bienestar español garantiza a sus ciudadanos de manera universal prestaciones económicas (pensiones y subsidios en caso de necesidad) y servicios en el campo de la educación (6 - 16 años) y de la salud. Este reconocimiento de derecho de ciudadanía todavía no se ha extendido a los servicios sociales.

Los notables esfuerzos realizados en los años de democracia en el desarrollo del sistema público de pensiones, en la educación, en el sistema nacional de salud y en la protección al desempleo han acortado notablemente el diferencial negativo existente con la Unión Europea.

Sin embargo, ese crecimiento de políticas sociales ha sido sustancialmente bajo en lo que se refiere a los servicios sociales, a las políticas de apoyo a las familias, a la lucha contra la pobreza y las nuevas formas de marginación social. Es cierto que era precisamente en estas materias donde el punto de partida era más ínfimo en 1977, en el que prácticamente sólo había instrumentos de beneficencia. Por ello, a pesar de la implantación de programas, servicios y equipamientos que se han producido en estos años, los déficits son intensísimos y nos colocan en los últimos lugares de la Unión Europea.

Las carencias públicas se han suplido en la mayor parte de los casos por las familias, especialmente, por las mujeres, con elevados costes económicos, sociales y psicológicos, convirtiéndose en un freno evidente para la incorporación de la mujer al trabajo y una causa de la tremenda caída de la natalidad.

Los cambios en las estructuras familiares, la evolución demográfica, los nuevos flujos migratorios, la imperiosa necesidad de incrementar la tasa de actividad laboral de las mujeres y por encima de todo el derecho a la calidad de vida, a la cohesión social y a la solidaridad, exigen un cambio radical en la situación actual.

La inversión social tiene retornos económicos. El gasto público en un sistema de atención a la dependencia por ejemplo, genera actividad económica, proporciona ingresos fiscales y empleo, ahorra prestaciones de desempleo y gasto sanitario al pasar al servicio socio-sanitario lo que ahora son altos costes hospitalarios.

Las inversiones en discapacidad pueden generar un círculo virtuoso semejante, si logramos sacar de la ociosidad y de las prestaciones pasivas a personas que se integran en el mercado laboral. Incluso desde la perspectiva del empleo, no podemos olvidar que la generación de los servicios sociales para atender a las familias, no es sólo la condición imprescindible para que aumenten

nuestras tasas de actividad y ocupación, sino que en la mejora de los servicios sociales se encuentra uno de los sectores más intensivos de trabajo y constituye uno de los yacimientos de empleo más importantes.

La mayoría de esos empleos beneficiarán a los colectivos que tienen especiales dificultades de inserción laboral, y contribuirán a bajar la alta tasa de desempleo de nuestro país y subir la tasa de actividad.

En definitiva, el papel que juegan los Servicios Sociales en el conjunto de las políticas de bienestar social es, sobre todo, convertirse en la red básica que garantiza la cohesión social y la calidad de vida de las personas. En la medida en que otros aspectos de las políticas sociales estén desarrollados o no, sus repercusiones en los servicios sociales serán de mayor o menos intensidad.

Las tasas de paro, la equidad en la distribución de la renta, los niveles de cobertura de la protección al desempleo, las redes de protección económica no contributiva o la existencia y características de los salarios de inserción social, la calidad y extensión de la atención sanitaria o del sistema educativo, la situación de la vivienda social, la capacidad de integración de la población inmigrante, etc., son factores que inciden de manera decisiva en la presión de la demanda de servicios sociales y que exigen una adecuada red de servicios sociales públicos.