El sector público se ha ido desarrollando, en demasiadas ocasiones, dando respuesta puntual a necesidades coyunturales, sin un análisis previo de otras figuras existentes o de si los instrumentos creados son los más idóneos para cumplir la función para la cual han sido configurados.

La Administración ha asumido cada vez más funciones, especialmente las que se refieren a la prestación directa de servicios a diferentes sectores de población, lo que ha provocado que las administraciones se vean abocadas a ofrecer productos y servicios que sobrepasan su marco competencial y que difícilmente pueden desarrollarse desde la propia organización.

Existe una creciente participación de los diferentes agentes en la gestión y los propios procesos de toma de decisiones, que obligan a innovar en fórmulas cooperativas que permitan esta participación.

Ante este nuevo panorama y tendencia, el reto de garantizar los niveles de calidad y equidad que debe asegurar la Administración Pública hace necesaria la optimización de la gestión directa administrativa.

Se trata de incorporar instrumentos ágiles que permitan dar respuesta rápida y efectiva a situaciones personales o colectivas, organismos más flexibles que la estructura administrativa que permitirán también dar respuesta a la estacionalidad (e incluso temporalidad en casos extremos) de determinados servicios.

La creación de esta serie de órganos, recogidas en el articulado del Plan de gobernanza, implica redefinir el sector público a partir de las necesidades y los instrumentos existentes, así como la propia capacidad presupuestaria del Gobierno regional.

El replanteamiento del sector público de Cantabria obedece a la necesidad de gestionar más y mejor sin que ello represente un aumento desmesurado de los recursos.