La aprobación de la Directiva Marco sobre Política de Agua y su transposición a la Ley española de Aguas abre un nuevo horizonte en la forma de gestionar los recursos hídricos. El concepto de calidad ambiental de los ríos se convierte en la referencia obligada del gestor cuya máxima debe ser la compatibilidad de esta calidad ambiental con el modelo de territorio, que a la postre define la demanda, con las infraestructuras que permiten modular la oferta y con un modelo de gestión que, asegurando la cantidad y calidad del suministro a los usuarios, sea compatible con un desarrollo sostenible.

Este planteamiento marca una diferencia sustancial con modelos de gestión anteriores, en los que se establecía una orden de prelación en el uso de los recursos, el primero de los cuales era el abastecimiento a la población. Es evidente que este tipo de cambios de mentalidad surgen y se justifican en la propia evolución de las sociedades, desde visiones más posibilistas del desarrollo de las actividades humanas hasta actitudes más respetuosas con el medio ambiente.

Esto indica que al igual que la población, sus problemas y prioridades evolucionan con el tiempo, los planteamientos básicos que deben regir la forma de gestionar los recursos naturales también debe variar adaptándose a dichos problemas y prioridades. En este sentido, la visión que permitió el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, válido y vigente en su momento, ha variado sustancialmente, cambio no sólo originado por la modificación en la percepción que la sociedad tiene de los recursos que gestiona, sino potenciado por el cambio de marco de referencia legal establecido por la Directiva Marco del Agua.

Partiendo de esta premisa, debemos plantearnos no sólo que los Planes Hidrológicos Nacional y de Cuencas puedan evolucionar, sino que forzosamente deban hacerlo adaptándose a las nuevas condiciones de contorno nacionales y europeas, siempre respetando las condiciones particulares de cada una de las cuencas españolas y su diversidad, de los modelos de territorio y de las expectativas de desarrollo de las Comunidades Autónomas.

En Cantabria se hace preciso llevar a cabo actuaciones urgentes para solventar un problema, ante el que, una véz más, deben aliarse la técnica y la legislación para conseguir medidas más solidarias y sostenibles.

Esto ha llevado al Gobierno de Cantabria a plantear una política en la que, a largo plazo, se pueda acudir a un sistema de lagunas ecológicas que permitan contemplar el mantenimiento de los caudales ecológicos de los ríos e incrementar esa regulación natural del agua y, a corto y medio plazo, se acuda a las nuevas tecnologías y las posibilidades de la distribución del recurso de agua disponible de forma racional en el conjunto de la comunidad.

En definitiva, se trata de adaptarse al nuevo escenario técnico y legislativo en el sector del agua que obliga, como gestores de un bien público, a mantener un espíritu de diversidad, de amplitud de miras, de sostenibilidad y eficiencia, contemplando las nuevas necesidades y verdaderas condiciones de la distribución y la gestión de este recurso fundamental.

Porque Cantabria, como región que hace una decidida apuesta por la calidad en todos sus frentes con la intención de captar el establecimiento de grandes negocios relacionados con el turismo o las nuevas tecnologías, se adelanta a las previsiones de crecimiento con la puesta en marcha de la Autovía del Agua, que incluye suministro de agua y su posterior reciclaje, con el sentido de garantizar plenamente un futuro caracterizado por la imparable expansión de la población residente en Cantabria.

El Gobierno de Cantabria trabaja, así, en la mejora de las infraestructuras con las que cubrir absolutamente todas las demandas de agua de las localidades de la región, desde las más inaccesibles y remotas a las grandes ciudades.