El acceso a una vivienda digna para el conjunto de la sociedad cántabra es una condición social de primera necesidad y un requisito para alcanzar altos estándares de calidad de vida en la comunidad.

Por ello, todas las actuaciones desde el Gobierno de Cantabria en pos de favorecer esa justicia social y derechos de las personas, se consideran críticas y estratégicas. Son políticas dirigidas a garantizar el acceso de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma a una vivienda y, especialmente, a quienes no disponen de suficiente capacidad económica.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las viviendas en Cantabria están en régimen de propiedad y que la vivienda constituye la principal preocupación del 82% de los cántabros, el Ejecutivo muestra gran interés por la adopción de medidas que palien esta problemática.

Entre los motivos que repercuten en ella, hay que destacar el significativo incremento de precios de las viviendas libres, acompañado del considerable aumento de la promoción de estas viviendas, mientras que la promoción de protegidas de nueva construcción, con el precio limitado por la Administración, ha experimentado un importante retroceso en cuanto a sus volúmenes de producción por la iniciativa privada.

Estas circunstancias han hecho que amplios grupos de población con niveles medios y bajos de ingresos y, especialmente los jóvenes, se han ido encontrando cada vez más en peores condiciones para acceder a viviendas en propiedad a precios moderados. Ello pese a que el proceso alcista de precios presenta síntomas que presagian una cercana tendencia a la estabilización, por lo que el problema de la accesibilidad persistirá para dichos colectivos, dada la resistencia a la baja del precio de las viviendas libres, junto con el escaso margen para que puedan producirse nuevos descensos de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios.

Por todo ello, el Gobierno de Cantabria afronta un decidido compromiso con la adopción de medidas favorecedoras de la promoción de viviendas de protección pública a través de diversas estrategias, respondiendo así a una petición formal por parte de la ciudadanía cántabra, a la vez que se compromete a fomentar programas de vivienda en alquiler, principalmente para los jóvenes. Todo ello, procurando, por una parte, mantener niveles adecuados de actividad y empleo en el subsector de la construcción y, por otra, de carácter social, brindando un apoyo dirigido a aquellos grupos sociales con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

Otro eje de motivación para el Ejecutivo cántabro es el fomento de la rehabilitación de edificios y grupos de viviendas, lo que supondrá la mejora sustancial tanto del aspecto estético y funcional de los edificios, como la recuperación de entornos abandonados o deteriorados de nuestros núcleos de población.